AC7185-2016

Radicación n° 25899-31-84-002-2013-00058-01


Bogotá D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

       


       Hallándose el presente asunto al Despacho para resolver sobre la admisión de la demanda de casación presentada por el accionado Rafael Enrique Gómez, frente a la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2015 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario de «reconoc[imiento] como compañera permanente»,  y declaración de existencia, disolución y liquidación de sociedad patrimonial de hecho, promovido en contra del recurrente por Martha Amado Rodríguez, se advierte que no se ha definido la expedición de copias para la ejecución de la sentencia.


       ANTECEDENTES


       1. En la providencia recurrida se revocó la decisión de primera instancia denegatoria de las pretensiones  formuladas por la demandante y en su lugar «declar[ó]» la existencia de la unión marital de hecho entre (…) [los antes citados], desde el 7 de junio de 2004 hasta el 1 de enero de 2012». Igualmente «declar[ó] la existencia de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho formada entre [ellos] (…)» durante el mismo lapso, decretando su disolución y liquidación.


       2.  Frente a la referida determinación, el accionado interpuso el recurso de casación, pero no solicitó la suspensión de su cumplimiento ofreciendo prestar caución, como lo permite el 5º inciso del artículo 371 del Código de Procedimiento Civil.


       3. El Tribunal, luego de establecer la cuantía del interés económico del convocado para recurrir en casación, concedió dicha impugnación, sin haberse pronunciado previamente sobre la expedición de copias para la ejecución de su fallo y, en el trámite ante esta Corporación, tampoco se ha adoptado medida alguna al respecto.


CONSIDERACIONES


1.  De acuerdo con el artículo 624 del Código General del Proceso, esta decisión se adoptará con fundamento en las disposiciones pertinentes de aquella normativa, pues las mismas se hallaban vigentes al momento de formularse la impugnación extraordinaria.


2.  Según el inciso 1º del precepto 371 antes citado, «[l]a concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo (…) [c]uando verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas; cuando se trate de sentencia meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes».


A su vez, el inciso 3º de la indicada norma previó: «En el auto que conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso».


Y, conforme al apartado 5º ibídem, «(…) en el término para interponer el recurso podrá el recurrente solicitar que se suspenda el cumplimiento de la sentencia, ofreciendo caución para responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquélla».


3. En el presente asunto, la sentencia de segundo grado, no solo reconoció la existencia de la unión marital de hecho, sino de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuya disolución igualmente declaró; por tanto, al no versar «exclusivamente sobre el estado civil, [ni] (…) trat[arse] de sentencia meramente declarativa, o (…) [que] haya sido recurrida por ambas partes», no hay duda de que esa providencia, es susceptible de ejecución, en cuanto atañe a la liquidación del vínculo económico, cuyo trámite podrá adelantarse por vía judicial o notarial.


En relación con dicha circunstancia, esta Corporación, entre otros, en auto CSJ AC1327-2015, rad. n° 2011-00475-01, expuso:

(…) El juzgador de segundo grado pasó por alto que la sentencia estimatoria de las pretensiones declaró la unión marital conjuntamente con la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, disponiendo respecto de ésta, su disolución y liquidación.


Desatendió así que cuando a las reclamaciones vinculadas al ‘estado civil’ se acumulan otras con alcances pecuniarios, como acontece en este caso, tal situación les resta el carácter de estar ceñidas sólo a ese aspecto, por los alcances económicos asociados, que conducen a un estudio minucioso sobre la ejecutabilidad o no de las decisiones tomadas en las instancias.


Igualmente, en providencia CSJ AC5663-2014, rad. n° 2012-00274-01, precisó:


(…) si bien la unión marital de hecho atañe a un estado civil, cual así lo dejó sentado la Corte1, esto mismo no puede predicarse de la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.


Si la decisión, por lo tanto, no versaba ‘exclusivamente’ sobre el estado civil, ni era ‘meramente’ declarativa, en los términos del citado artículo 371, esto denota la posibilidad de ejecución, precisamente, frente a la existencia de acciones judiciales o notariales encaminadas, según se ordenó, a liquidar la universidad jurídica.


       4. Evidenciado entonces, que el fallo impugnado extraordinariamente, además de declarar la existencia de la unión marital de hecho, reconoció el nacimiento de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuya liquidación puede invocarse, o en otros términos, al ser dicha providencia susceptible de ejecución, se imponía ordenar la expedición de las respectivas copias con dicha finalidad, y ante esa circunstancia, el juzgador colegiado ha debido proceder en la forma prevista en el antes citado inciso 3º del aludido artículo 371.


5. Como el sentenciador no procedió de esa manera, le correspondía al impugnante extraordinario solicitar la expedición de dichas copias, en obedecimiento al 4º apartado ibídem, según el cual, «[s]i el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias, éste deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable»2, pues ha quedado vista su necesidad, para el cumplimiento del fallo. De no hacerlo, ha de sobrevenirle la deserción de la censura extraordinaria.


6. Así lo ha considerado reiteradamente la Sala. Por ejemplo, en providencia CSJ AC, 8 mar. 2011, rad. n° 2008-00685-01, sostuvo:


(…) aunque el tribunal omitió ordenar al recurrente que atendiera el costo de las copias para que se procediera al cumplimiento de la sentencia recurrida en casación, tal silencio no lo eximía de solicitar pronunciamiento expreso en ese sentido, pues la norma adjetiva también lo dota de interés para suplir el vacío dejado por el ad-quem, más aún si la sentencia es susceptible de ser ejecutada.


Con antelación, en proveído CSJ AC, 31 mar. 2009, rad. 1996-09203-01, expuso:


Sienta el artículo 371 del código de procedimiento civil la regla de que la concesión del recurso de casación ‘no impedirá que la sentencia se cumpla’, salvedad hecha de aquellas que versan exclusivamente sobre el estado civil, de las sentencias meramente declarativas y de las que han sido recurridas por ambas partes. Entraña la dicha preceptiva, la consagración positiva de ese postulado de tan singular importancia en el ámbito de la casación, cual es el de que la concesión del recurso extraordinario no obsta la ejecución de la sentencia.

       

Desarrollo del aludido principio es lo dispuesto en el  inciso 3o. del artículo 371 del citado código, conforme al cual ‘[e]n el auto que concede el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso’.


Mas como puede ocurrir que el juzgador, por cualquier razón, omita ordenar la expedición de dichas copias, entonces la ley, previsiva en el punto, traslada la carga al impugnante, disponiendo que ‘si el tribunal no ordenó las copias  y el recurrente las considera necesarias, éste deberá solicitar su expedición, para lo cual suministrará lo indispensable’,  precepto entonces que impone al impugnador, so pena de que el recurso sea declarado desierto, el deber de solicitar  las copias con el fin de dar el cumplimento al  fallo (cuando tal cosa  procede)’.


7.  Como el Tribunal omitió requerir al impugnante que suministrara lo indispensable para la obtención de las copias necesarias para el cumplimiento de la sentencia impugnada extraordinariamente, y éste se sustrajo de satisfacer dicha carga, la concesión del recurso de casación por parte de aquel, no habilitaba a la Corte para admitirlo válidamente, porque de acuerdo con el inciso 1º del precepto 372 ibídem, resulta inadmisible, entre otros motivos, «cuando no se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371».

       8. De lo anterior se desprende que no concurrían los requisitos legales para que esta Corporación pudiera asumir el conocimiento del recurso de casación; sin embargo, como no se advirtió dicha situación en su momento y el mismo fue admitido, esa circunstancia configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2º artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por falta de competencia funcional.


9. Así las cosas, al tenor del inciso final de la norma 144 ejusdem, como la aludida anomalía procesal se muestra insubsanable, su declaratoria de oficio debe ser la consecuencia, según lo establecido en el precepto 145 del aludido estatuto procesal. 

Acerca de la comentada situación, la Corte, en auto CSJ AC, 24 abr. 2012, rad. n° 2003-00163-01, señaló:

(…) Una irregularidad de tales proporciones genera la nulidad de lo actuado desde el inicio en esta Corporación, al no tener competencia funcional para su conocimiento, como contempla la causal del numeral 2 del artículo 140, la cual es insaneable a la luz del inciso final del artículo 144, ejusdem.


Sobre situaciones como la que aquí se expone se ha pronunciado la Sala en los siguientes términos ‘…en auto N° 145 de 6 de julio de 1999, expediente 6942, al resolver una situación que guarda similitud con el tema aquí examinado en cuanto a la declaratoria de nulidad de lo íntegramente tramitado por haberse admitido un recurso de casación no obstante haber arribado en estado de deserción, dijo lo siguiente: (…) ‘como la Corte admitió a trámite el recurso de casación, no obstante la existencia de ese vicio procesal, debe decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 20 de enero de 1998, inclusive, porque toda la actuación surtida con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia resulta inválida, pues la Corte no pudo adquirir de manera concreta la competencia funcional que le permitiera enmendar los errores de actividad o de juzgamiento en que se dice incurrió el Tribunal, dado el fenómeno de deserción del recurso que con antelación a la asunción del conocimiento por parte de la Corte, hubo de producirse, según lo explicado antes. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 144, in fine, del Código de Procedimiento Civil, la causa de nulidad derivada de la falta de competencia funcional no admite saneamiento’’ (auto del 17 de abril de 2008 expediente 2003-00393).


Posición que se mantuvo en auto de 8 de agosto del mismo año, que desató la súplica en su contra, en el entendido que ‘[e]n lo concerniente con el  mecanismo optado para sanear el trámite impreso, esto es, la nulidad de lo actuado en esta Corporación, es indiscutido que la asunción del conocimiento por parte de un funcionario judicial de un asunto en particular, deviene o surge de la propia ley. Es la norma, cuando ella involucra asuntos de competencia, en este caso de carácter funcional, la que entrega a sus agentes la potestad de conocer una litis concreta, por tanto, si no existe la correspondiente disposición no puede avocarse el conocimiento de dicho asunto. Y, en tratándose del recurso extraordinario de casación, al no haberse expedido las copias mentadas, la censura debió ser inadmitida, lo que, de contera, le impedía a la Corte asumir competencia, hipótesis que trasgredida, como así aconteció en el caso bajo estudio, comportó una nulidad insaneable (art. 140 C. de P. C.), que por ello mismo, de oficio, debía  corregirse tal cual aconteció’.


10. De acuerdo con lo anterior, se invalidará la actuación adelantada por esta Corporación, y dado que no es procedente reponerla, se inadmitirá el referido recurso extraordinario, por haber arribado a la Corte en estado de deserción, debido a la omisión relacionada con la expedición de las copias para el cumplimiento, en lo pertinente, de la sentencia de segundo grado.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,


RESUELVE:


Primero: Decretar la nulidad de todo lo actuado en esta Corporación, incluido el auto de 22 de julio de 2016, por medio del cual se admitió la impugnación extraordinaria frente al fallo de segunda instancia.


Segundo: Declarar inadmisible, y en consecuencia desierto, el recurso de casación formulado por el demandado Rafael Enrique Gómez frente a la sentencia de 7 de septiembre de 2015 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario de «reconoc[imiento] como compañera permanente»,  y declaración de existencia, disolución y liquidación de sociedad patrimonial de hecho, que en su contra promovió Martha Amado Rodríguez.


Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen.


Notifíquese





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado


1 CSJ. Civil. Auto 125 de 18 de junio de 2008, expediente 2004-00205.

2 Negrillas ajenas al texto original.